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Programa de Inmunidad de la Comisión Federal de Competencia Económica[1]

Las autoridades de competencia económica alrededor del globo se han percatado de la necesidad persistente de colaboración por parte de los agentes económicos existentes en diversos mercados para poder hacerse de la información necesaria en una investigación, tendiente a la posterior supresión de prácticas lesivas a la competencia y libre concurrencia. Específicamente, se ha encontrado que las prácticas monopólicas absolutas, o cárteles[2], resultan en graves afectaciones al mercado, erosionando la economía de los consumidores al imponerles precios más altos para acceder a bienes o servicios, limitar las opciones de éstos, así como productos de calidad inferior. Esto acarrea daños al bienestar social, reduciendo el flujo económico y por consiguiente al desarrollo económico del lugar. Dichas afectaciones irradian a toda la cadena productiva, llegando hasta el consumidor final, afectando también el empleo y dejando en manos de pocos grandes beneficios conseguidos de manera ilegal.

Bajo dicha tesitura, diversas autoridades a nivel mundial han introducido programas de inmunidad, amnistía o dispensa. Para estos efectos, la Comisión Federal de Competencia Económica (“Cofece”) ha introducido el Programa de Inmunidad y Reducción de Sanciones.

Este programa es una herramienta mediante la cual Cofece da mayor eficiencia a su investigación, imposición de sanciones[3] y destrucción de prácticas lesivas al mercado, pues incentiva a los agentes económicos inmiscuidos en cárteles a extender información útil y convincente a la Cofece, reconociendo su participación, cooperando plena y continuamente, dando pauta al agente a conseguir posteriormente atractivas medidas de inmunidad.

Para esto, se asegura a los agentes interesados en solicitar la inmunidad la confidencialidad de su información, teniendo trato directo con el Titular de la Autoridad Investigadora o con el Director General de Investigaciones de Prácticas Monopólicas Absolutas y sin que sus documentos pasen por oficialía de partes. A su vez, les será asignada una clave para posteriores comunicaciones.

En caso de que los solicitantes cumplan con todos los requisitos propios a la solicitud y a la cooperación durante la totalidad del procedimiento, recibirán los beneficios de modo escalonado, esto es: el primer solicitante podrá obtener la reducción de su sanción administrativa hasta el valor de un Salario Mínimo General Vigente para la Ciudad de México (“SMGV”) mutatis mutandi. Los posteriores, podrán obtener reducciones de hasta el 50%, 30%, o 20% del importe que les correspondería por concepto de multa, según el lugar en que estén situados en la lista. Todos los lugares contienen la excluyente de responsabilidad penal, así como la dispensa a inhabilitaciones.

[1] La presente nota se ha realizado a partir de la Guía-003/2015: Guía del Programa de Inmunidad y Reducción de Sanciones, aprobada por el Pleno de la Cofece el 25 de junio de 2015, así como la Ley Federal de Competencia Económica y las Disposiciones Regulatorias emitidas por Cofece.

[2] Una práctica monopólica absoluta es un mecanismo, haciéndose valer de contratos, convenios, arreglos o combinaciones, que tiene por objeto o efecto la limitación, disminución, o erradicación de la competencia entre agentes económicos que característicamente son competidores en un mercado. Puede observarse mediante la manipulación o fijación de precios, el establecimiento de restricciones a la oferta, la segmentación de mercados, la concertación de posturas en concursos, así como el intercambio de información que tienda a lograr alguna de las recién referidas.

[3] Las consecuencias serán civiles, administrativas y penales. Las civiles consistirán en responsabilidad civil ante los agentes afectados, las administrativas en personas físicas refieren a multa hasta por doscientas mil veces el SMGV, e inhabilitación para ejercer en cargos directivos o de representación de alguna persona moral hasta por cinco años. Las sanciones administrativas para personas morales serán hasta del 10% de sus ingresos acumulables del último ejercicio fiscal en que se hubiere incurrido en la práctica. En caso de haber coadyuvado, propiciado o inducido a estas prácticas, tanto para físicas como morales será de hasta ciento ochenta mil veces el SMGV. Finalmente, las sanciones penales corresponden a pena privativa de la libertad entre 5 y 10 años, más de mil a diez mil días de multa.