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El pasado 19 de noviembre el Pleno de la Cámara de Diputados, aprobo con 417 votos la minuta para desindexar y liberar al salario mínimo como unidad de medida para el pago de multas cuotas y contribuciones, remitiéndola en consecuencia a los estados para su aval. Con la anterior reforma, se modifican los artículos 26, 21 y 123 de la Constitución, apareciendo la nueva denominada Unidad de Medida y Actualización que sustituirá al salario mínimo como unidad de medida, teniendo como valor inicialmente de 70.10 por día. Con lo anterior los legisladores consideran que esta medida servirá para incrementar el poder adquisitivo de los trabajadores.

En caso de que por lo menos 17 estados avalen el dictamen y sea publicado en el Diario Oficial de la Federación, cualquier índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones previstas en el orden jurídico nacional, tendrán que actualizarse con la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y no con el salario mínimo.

Para tales efectos se adicionan los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26 y se adecuan el inciso a) de la Base II del artículo 41 y el párrafo primero de la fracción VI del Apartado A del artículo 123 de la Carta Magna, de los cuales se desprende lo siguiente:

Una nueva atribución al INEGI consistente en calcular el valor de la UMA

La especificación de que las cantidades de las obligaciones y supuestos expresados en UMA's se considerarán como monto determinado y se cubrirán con su equivalente en moneda nacional. Asimismo se precisa que para determinar los importes respectivos en pesos es necesario multiplicar el monto de las UMA'S por el valor de dicha unidad a la fecha de que se trate

La sustitución del salario mínimo diario vigente como la base para el establecimiento del financiamiento de los partidos políticos por la UMA, y

La prohibición de que el salario mínimo sea utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza

 

En el anterior orden de ideas, queda a cargo del Congreso de la Unión la obligación de emitir la ley reglamentaria que precise el valor de la UMA en un periodo que no debe rebasar los 120 días naturales siguientes a la fecha de la publicación de la reforma constitucional comentada