DERECHO CORPORATIVO

Las acciones colectivas en su definición jurídica podrían parecer algo lejano al ciudadano común, pero aplicadas en la vida cotidiana son un facilitador del acceso a la justicia frente a abusos que se producen en distintas esferas del gobierno y del sector privado. En pocas palabras, una acción colectiva es un derecho otorgado a una “colectividad” para que reclame violaciones en materia de relaciones de consumo de bienes o servicios públicos o privados. Son una facultad que la ley le otorga a los grupos de consumidores de presentar sus inconformidades ante las autoridades correspondientes en caso de incumplimiento o daños al consumidor cuando se venden productos o presta un servicio.

En el marco de la reforma constitucional del 2010 y de diversos ordenamientos, se establece el procedimiento para que un grupo de personas afectadas pueda ser representado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y la Comisión Federal de Competencia (CFC) y el procurador general de la República.

La garantía de las acciones colectivas podría permitir, por ejemplo, que un grupo de usuarios de un servicio el cual no fue cumplido satisfactoriamente por una empresa, pueda emprender un solo proceso para demandar su cumplimiento y que abarque a todos los que la hayan iniciado conjuntamente.

Asimismo, los ciudadanos podrán beneficiarse de procedimientos individuales en contra de monopolios, acciones injustas o abusos de bancos o instituciones financieras, fraudes de empresas o leyes que les afecten.

Es así como se puede ver una dualidad en su ejercicio, ya que así como una persona puede intentar (junto con 29 afectados o más) puede intentar  una acción colectiva para defenderse de los abusos de los prestadores de servicios públicos, también puede intentarse por las prácticas monopólicas que afecten a un negocio o empresa, reclamando la reparación del daño en ciertos casos. También pueden hacerlo organizaciones civiles legalmente constituidas al menos un año antes de presentar la querella o un representante de al menos 30 miembros afectados por la mala prestación de un bien o servicio.

Este tema, no es una novedad a nivel internacional, ya que en países como Estados Unidos, España, Colombia, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Venezuela entre otros, cuentan con disposiciones que regulan las acciones colectivas; y no sólo en sus constituciones, sino también, en normas secundarias, a través de las cuales se tutelan los llamados “intereses difusos”. Es decir los intereses colectivos que se relacionan con diversas materias.

En la exposición de motivos se dijo que La incorporación de la figura de acciones colectivas, permitiría la protección de intereses difusos, derechos sociales y derechos colectivos; sin menoscabo de intereses y derechos individuales, lo cual permite resolver no sólo conflictos de carácter privado sino conflictos en los que existen intereses inminentemente colectivos y que  estoPermitiría que mediante la reparación del daño, se corrijan prácticas arbitrarias que afecten a los ciudadanos, así como una mayor certeza jurídica en los casos en los que no existe un agravio personal y directo contra actos de autoridad y en la que de acuerdo a los procedimientos procesales actuales, lo que se denomina interés jurídico no se considere suficientemente claro y directo.

Desde el punto de vista de la empresa, es importante conocer estas nuevas acciones, ya que en caso de que se llegara a presentar alguna en contra de la empresa, la exposición a la que se enfrentaría el negocio puede causar serios problemas económicos, de imagen, inversión, entre otros. Esto aunado a los abusos de los que se pudiera ser objeto en caso de tener una situación así.

Este proceso es distinto al que se lleva a cabo ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) llamado “Quejas grupales”, que son, como su nombre lo indica quejas que son presentadas ante Profeco con el fin de obtener un procedimiento conciliatorio. A diferencia de éstas, las acciones colectivas, se presentan ante el Poder Judicial. Como se mencionó en un inicio, la acción colectiva es un instrumento jurídico que faculta a un grupo para obtener resarcimientos económicos por malas prácticas. Las materias de aplicación son prácticamente ilimitadas.